jueves, 24 de abril de 2008

Amenazas y Aprietes en el Hospital Regional

Esta mañana cinco efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Primera se hicieron presentes en el Hospital Regional Río Gallegos, ante el pedido de sus directivos, con la intención de detener al Dr. Javier Martínez. Dicha situación desencadenó una revuelta entre los trabajadores de la salud, quienes salieron al cruce para denunciar semejante atropello en contra de un profesional que nunca dudó en mostrar su desacuerdo ante las decisiones en materia laboral con la actual conducción del nosocomio, hecho que de ninguna manera interfirió en el trato con sus pacientes.
Tal es así que administrativamente obligaron al Neurocirujano a tomar la licencia anual correspondiente al año 2007, forzándolo a dejar a su suerte a los enfermos tratados por él.
Pero como el deber médico y la ética profesional son valores indiscutibles, Martínez acudió ayer al establecimiento sanitario ante el requerimiento de una de sus pacientes que estuvo esperando más de siete horas, con una herida abierta, la atención médica.
Ante la premura del caso Martínez solicitó la asistencia de un Escribano Público para que certifique que los directivos del Hospital Escuela - Complejo 8 de la provincia de Santa Cruz, NO le permitían hacer uso de sus facultades y brindar el auxilio necesario a la paciente en cuestión, por tratarse de un profesional que según los papeles estaba de licencia.
Es por ello que el médico, una vez asentada la problemática ante el Escribano, decidió trasladar a la persona afectada a la Clínica privada MEDISUR SA. en donde fue sometida a una intervención quirúrgica.
Las persecuciones y aprietes de ésta índole son moneda frecuente en éste y otros ámbitos de la Administración Pública de la provincia de Santa Cruz. Éste y otros hechos ocurren a diario en cada rincón del terruño K, despojando a sus habitantes de todo derecho a queja, protesta, denuncia o manifestación.
A causa de los entredichos y desacuerdos entre un facultativo y el “Satánico” Luis Buonomo, la población debe sufrir las consecuencias y pasar de la etiqueta de enfermo a rehén, quedando en el medio de un fuego cruzado entre los reclamos justos y la obstinación de aquellos que tienen que garantizar la Salud, la Educación y la Vivienda.
De ésta manera queda demostrado una vez más que si se contradice o se está en desacuerdo con las políticas establecidas por el Gobierno, inmediatamente se es caratulado de opositor, golpista o enemigo, sin dar posibilidad al disenso, al diálogo y provocar en el oprimido la necesidad de reacción para que la población sepa de qué manera se maneja la patota gubernamental.
Sobre éste tema puntal el ministro de Asuntos Sociales de la Provincia, Jorge Mascheroni, se presentó en el Hospital para informarse personalmente de lo ocurrido y en diálogo con los periodistas locales negó que se hubiera hecho uso de la fuerza pública sobre el Dr. Martínez argumentando que “no se puede permitir que continúe trabajando un médico que está usufructuando de su licencia”.
En ese sentido Mascheroni aclaró que “éste profesional citó adrede pacientes cuando no podía hacerlo y por ello le hemos enviado una carta documento” se defendió el por ahora titular de la cartera Social.

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